Lo ocurrido durante la noche del 6 de diciembre en la Cámara de Diputados de la Nación, no puede ser definido de otra manera más que como una expresión totalmente electoralista, cuyo único fin por parte de la oposición fue buscar arrebatarle a Cambiemos la bandera de la menor presión fiscal. Una bandera que este Gobierno ha defendido en cada proyecto que impulsó este año. Ellos no pretenden el progreso de un país que intenta salir del pozo en el que lo sumergieron. Hacen hasta lo imposible por impedir el éxito de la actual gestión, porque, claro está, muchas veces el bienestar nacional va en contraposición de sus intereses políticos.

El proyecto de #Cambiemos al respecto, por supuesto que implicaba un enorme esfuerzo por parte de todos ya que significaba un costo de $27.000 millones para las arcas del Estado, previsto en el presupuesto 2017, con lo cual, habiendo tenido toda la prudencia imprescindible para tan importante reforma, se tomaron los recaudos para que la baja en la enorme presión fiscal que hemos heredado continúe de la misma manera que venimos haciendo en el último año. Así quedó demostrado con iniciativas del ejecutivo tales como la disminución del IVA, la eliminación de retenciones a las economías regionales, la suba del piso de #ganancias mediante el decreto 394/16 y liberando además de ganancias al aguinaldo en diciembre pasado apenas asumimos. El incremento gradual del mínimo a tributar sobre bienes personales, la futura derogación de la ganancia mínima presunta, el programa de recuperación productiva que considera el pago a cuenta de ganancias cuando se realizan inversiones por dar algunos ejemplos.

En la Argentina hay un 30% de pobreza de la cual no podemos olvidarnos jamás y el destino de los fondos recaudados en ganancias se destina a temas sociales.

A diferencia de nuestro proyecto, el que se aprobó en la Cámara Baja, genera un costo insostenible de $80.000 millones, triplicando el que con tanta mesura y estudio previo habíamos propuesto siempre en la idea de que el “cambiar” elegido por los argentinos lo era en un contexto de gradualidad. Esta merma en los ingresos públicos no será solo para el Estado Nacional sino que también lo será para las provincias toda vez que estas reciben un 64% de la masa coparticipable bruta. Esta reforma con media sanción les quita miles de millones a sus cuentas públicas.

No solo que lo que han hecho implica una mochila imposible de cargar para todo el pueblo argentino, dejando al borde de lo incumplible tareas esenciales del Estado en momentos en que se trabaja para la transparencia y la eliminación de distorsiones a la economía, sino que además se presentan importantísimas incongruencias dentro del proyecto que ya cuenta con media sanción. El destino principal de lo recaudado en ganancias va a cubrir infraestructura social. O sea que los defensores de esta media sanción proponen un ajuste social, a pesar que en el discurso se muestran distantes a un ajuste. Hechos y no palabras debería ser su actitud.

Ni que hablar que no está para nada claro de donde saldrán los fondos para cubrir este nuevo déficit.

La solución que pregonan es la de siempre: nuevos impuestos. Y al no tener un claro estudio de cómo esta nueva presión fiscal se comportará, generarán una enorme incertidumbre en cuanto a la magnitud del nuevo agujero fiscal que van a provocar. Es muy difícil entender para los populistas que la mejor manera de recaudar es generar nuevos empleos y permitir que la economía crezca.

Detrás de la enorme impericia de este proyecto que no aprueba los más mínimos análisis técnicos en cuanto a su impacto económico ni jurídico, se oculta un monstruo que parecía estar en retirada pero que reaparece con toda su fuerza: el populismo, que busca adueñarse nuevamente del mapa político del país sin importar las consecuencias que deje a su paso. Todavía hay tiempo de desterrarlo, pero somos nosotros los encargados de hacer que sea nuevamente la responsabilidad y no el oportunismo quién conduzca los destinos de la República Argentina. Vamos a ver como los gobernadores ahora defienden las arcas de sus provincias o explican en los pueblos del interior que están dispuestos a ceder recursos avalando políticas populistas y demagógicas en algunos casos de quienes fueron sus opositores electorales.